El objetivo central de este trabajo consiste en evaluar el estado de la “descentralización” entre niveles de gobierno en América Latina. Esto se realiza mediante la experiencia comparada de cinco países en las áreas de educación y salud. Los casos seleccionados son dos países de tamaño medio: Colombia y Chile; un país pequeño: Costa Rica, y dos países federales grandes: México y Brasil. El análisis se realiza mediante el desarrollo de entrevistas a informantes clave y una revisión comprehensiva de la literatura existente sobre la materia. Se presentan dos conjuntos de resultados. Primero, se provee una descripción del marco institucional para cada caso, mediante el cual se describe la asignación de responsabilidades entre niveles de gobierno, y segundo, se realiza una evaluación de dicho marco mirando las implicancias en la eficiencia del sector público resultantes del marco institucional vigente y su coherencia con el funcionamiento del gobierno general.

Las principales conclusiones ponen de relieve la necesidad de observar aspectos específicos de cada país en el proceso de asignación de competencias a los gobiernos subnacionales, lo cual incluye el marco político vigente, el papel de los gremios y de los grupos de interés y el potencial de conflictos entre niveles de gobierno resultante de la descentralización. Aspectos específicos del análisis arrojan luz sobre ciertos conflictos inherentes a las políticas pro descentralizadoras. En el caso de la educación, un elemento muy trascendente es la definición del nivel de gobierno que financia la planilla del personal docente. Este ha sido un aspecto de difícil solución política y grandes implicancias en la esfera fiscal y administrativa en los casos de México, Colombia y Chile.

Un segundo elemento relevante es la gran heterogeneidad en la capacidad de gestión y el acceso a recursos propios por parte de las entidades subnacionales. Ello posee consecuencias importantes sobre la equidad territorial en la calidad de los servicios descentralizados, y constituye un obstáculo muy difícil de abordar, incluso a través de la transferencia de recursos compensatorios desde el nivel central. De lo anterior se sigue que una descentralización “selectiva”, en virtud de la cual se aprovechen las ventajas potenciales de las entidades territoriales más grandes, pero que mantenga bajo control central a las jurisdicciones más pequeñas y débiles, constituye una solución razonable en el marco de la realidad latinoamericana.